Documento de Postura: Proyectos H.R. 2070 y S. 865 del Congreso de los Estados Unidos, conocidos como el Puerto Rico Self Determination Act of 2021 (PRSDA)


DOCUMENTO DE POSTURA (English follows)

ASUNTO: Proyectos H.R. 2070 y S. 865 del Congreso de los Estados Unidos, conocidos como el Puerto Rico Self Determination Act of 2021 (PRSDA)

La Diáspora del Partido Independentista Puertorriqueño reconoce que el proyecto de ley conocido como el Puerto Rico Self Determination Act of 2021 (PRSDA) es un paso importante para que el Gobierno de los Estados Unidos reconozca y respete el derecho inalienable de los puertorriqueños a ejercer su autodeterminación política, incluso si se legisla desde el imperio que mantiene un régimen colonial y antidemocrático que lleva 123 años dictando los destinos de Puerto Rico sin el consentimiento de sus ciudadanía.

Entre los aciertos que contiene el proyecto de ley en la actualidad se encuentran:

  1. La utilización de una Asamblea de Estatus de Puerto Rico como voz oficial de los puertorriqueños con respecto a su autodeterminación política. En nuestra opinión, este mecanismo (a) permitiría la representación de todas las alternativas de estatus que apoyan los puertorriqueños y (b) distingue el tema del estatus de manera separada de la política partidista por la administración del Estado Libre Asociado, a diferencia de los plebiscitos más recientes sobre el tema.
  2. El establecimiento de un Comisión Congresional de Negociación Bilateral con representación del Congreso y de la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos, facultando así la presentación de soluciones de estatus al pueblo puertorriqueño que sean acatadas por el Congreso federal y por la Asamblea de Estatus de Puerto Rico.
  3. La exclusión explícita de cualquier solución de estatus para Puerto Rico que esté sujeta a la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Esto excluye al Estado Libre Asociado según está constituido hoy en día.
  4. El reconocimiento de que los Estados Unidos tiene el deber legal de cumplir con el Artículo I del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas el cual establece que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y que “en virtud de ese derecho, puedan determinar libremente su estatus político y encausar libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
  5. El reconocimiento de la importancia del asunto del estatus para las comunidades puertorriqueñas en la diáspora.

No obstante, el proyecto del PRSDA como se presenta hoy día contiene ciertas deficiencias que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Entre estas objeciones señalamos las siguientes:

  1. Los poderes definidos para la Comisión Congresional de Negociación Bilateral en la versión actual de proyecto no ofrecen garantía alguna de que el Congreso de los Estados Unidos actuaría para implementar la fórmula descolonizadora escogida por los puertorriqueños en el referéndum propuesto en el proyecto.
  2. Las opciones de estatus que se presentarían ante el electorado puertorriqueño en un referéndum no requerirían ratificación en el Congreso de los Estados Unidos, lo cual (a) no garantiza que el Congreso se acate la decisión tomada por los puertorriqueños y (b) introduce un elemento de incertidumbre inaceptable para los electores puertorriqueños a la hora de tomar su decisión en las urnas.
  3. El Congreso debe reconocer en el preámbulo del proyecto que le cedió a Puerto Rico su autonomía sobre materias de “gobernanza interna” y que el 18 de noviembre de 1953 la Asamblea General de las Naciones Unidas concluyó mediante la Resolución 748 que Puerto Rico es una “entidad política autónoma”. La Ley Foraker del 1900, y la Ley PROMESA del 2016 contradicen directamente estas posturas por medio de la injerencia directa del gobierno federal en la política fiscal del Gobierno de Puerto Rico y por la ejecución de la política pública que de ellas emanan.

Por tanto, la Diáspora del Partido Independentista Puertorriqueño recomienda las siguientes enmiendas al PRSDA para que permitirle al pueblo puertorriqueño el ejercicio pleno de su derecho a la autodeterminación:

  1. Que el Congreso ratifique acuerdos previsibles para definir cada solución de estatus representada en la Asamblea de Estatus de Puerto Rico antes de que las fórmulas se lleven a votación en un referéndum. De esta manera, se obliga al Congreso a acatarse la voluntad del pueblo puertorriqueño, y a su vez, el electorado en Puerto Rico votaría por su fórmula de preferencia con pleno conocimiento de lo que cada una significa y de las medidas que se tomarían durante el periodo de transición hacia la nueva relación política con los Estados Unidos que los puertorriqueños decidan.
  1. Que a la Comisión Congresional de Negociación Bilateral tenga la autoridad de negociar fórmulas de estatus en nombre del Congreso de los Estados Unidos y que estas estén sujetas a la aprobación final esta entidad federal. De esta manera nos aseguraríamos de que la Asamblea de Estatus de Puerto Rico negocia con una entidad que tiene un mandato legítimo del pueblo estadounidense y que las fórmulas de estatus que se negocien entre ambas entidades sean producto de una negociación de pares y no de una relación de subyugación de “ayuda y consejería” como está definida al presente en la Sección 4(c)(2)(D) del PRSDA.
  2. Que se excluya explícitamente al Estado Libre Asociado como una fórmula aceptable para la descolonización de Puerto Rico
  3. Que las se corrijan las Secciones 2(5) y 2(6) del preámbulo del proyecto puesto que reconocen erróneamente a un autogobierno inexistente en Puerto Rico. Debe incluirse una nueva cláusula de preámbulo en la que el Congreso de los Estados Unidos admita que el estado de derecho vigente sobre Puerto Rico constituye una subyugación de la voluntad del pueblo puertorriqueño, y por ende, contradice las afirmaciones que el Gobierno de los Estados Unidos presentó ante el pueblo puertorriqueño cuando se legalizó la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952 y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1953.

Por cuanto, los argumentos en este documento constituyen la posición oficial de la Diáspora del Partido Independentista Puertorriqueño, y deben dirigir las expresiones y esfuerzos de la organización.

 

Ratificado ante la Asamblea General de la Diáspora del Partido Independentista Puertorriqueño hoy 17 de junio de 2021.

Revisado ante la Asamblea General de la Diáspora del Partido Independentista Puertorriqueño hoy 28 de julio de 2021


Statement of Stance

Subject: U.S. Congressional Bills H. R. 2070 and S. 865, known as the Puerto Rico Self Determination Act of 2021 (PRSDA)

The Diaspora of the Puerto Rican Independence Party acknowledges that the Puerto Rico Self-Determination Act of 2021 (PRSDA) is an important step for the United States government in recognizing and acting upon the Puerto Ricans’ inalienable right to their political self-determination, even if the bill emanates from the empire maintaining a colonial and undemocratic regime that has dictated Puerto Rico’s fate for 123 years without the consent of its citizenry.

Some of the merits contained in the bill at its present state are:

  1. The constituting of a Puerto Rico Status Convention as the official voice of the Puerto Ricans as to their political self-determination. In our view, this mechanism (a) would allow for the inclusion of all political formulas supported by the Puerto Ricans and (b) it handles que question of the political status separately and apart from any partisan policies regarding the administering of the Commonwealth of Puerto Rico, unlike more recent plebiscites on the same question.
  2. The creation of a Congressional Bilateral Negotiating Commission in which Congress and the Executive Branch of the Government of the United States are represented, thus enabling the introduction of political status solutions to the Puerto Rican people that are binding to Congress and the Puerto Rico Status Convention.
  3. The explicit exclusion of any status formula that would subject Puerto Rico to the Territorial Clause of the U.S. Constitution. This would exclude the Commonwealth status as constituted today.
  4. The acknowledgement of the United States’ legal duty to comply with Article I of the International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations which states that all peoples have the right to self-determination and that, “by virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.”
  5. It acknowledges how important the political status question is to Puerto Rican communities in the diaspora.

Nonetheless, the PRSDA as drafted today contains specific deficiencies that hinder the full exercise of the Puerto Rican people’s right to self-determination. We make note of the following objections:

  1. That the authority vested upon the Congressional Bilateral Negotiating Commission as the current bill stands offers no guarantee that the United States Congress would act to implement the decolonizing formula chosen by the Puerto Ricans in the referendum proposed on the bill.
  2. The political status options that would be presented to the Puerto Rican electorate in a referendum would not require the United States Congress ratification. This (a) offers no assurances in that Congress would abide to the decision made by the Puerto Ricans and (b) it introduces an element of uncertainty that is unacceptable to the Puerto Rican electorate when deciding at the polls.
  3. Congress must acknowledge in the preamble of the bill that it granted autonomy to Puerto Rico over matters of “internal governance”. It must also acknowledge that on November 18, 1953, the General Assembly of the United Nations ruled through its Resolution 748 that Puerto Rico is a “self-government political entitycl.” The Foraker Act of 1900 and the PROMESA Act of 2016 directly contradict these conclusions through the directly interfering of the federal government in the fiscal policy of the Government of Puerto Rico, and in the execution of public policy emanating from them.

Therefore, the Puerto Rican Independence Party Diaspora recommends the following amendments to the PRSDA to enable the Puerto Rican people to fully exercise their right to self-determination:

  1. For Congress to ratify foreseeable agreements defining each political status solution. These formulas would then be presented to the Puerto Rico Status Convention before they are put to a vote in the referendum. Thus, Congress would be compelled to abide to the will of the Puerto Rican people, and in turn, voters in Puerto Rico would vote for their preferred political formula with full knowledge of what each one entails and fully understanding the measures that would be taken during the transitional period towards a new political relationship with the United States.
  2. For the Congressional Bilateral Negotiating Commission to be given the authority to negotiate political status formulas on behalf of the United States Congress, subject to the final approval by this federal body. This would ensure that the Puerto Rico Status Convention is negotiating with a body that has a legitimate mandate from the U.S. people, and that the political status formulas negotiated between these two bodies are the product of a peer negotiation, and not of a subjugated relationship of “assistance and advice” as currently defined in Section 4(c)(2)(D) of the PRSDA.
  3. To explicitly exclude the Commonwealth formula as a viable one for the decolonization of Puerto Rico.
  4. To replace Sections 2(5) and 2(6) of the preamble of the bill which erroneously recognizes a non-existent self-government in Puerto Rico, with the inclusion of a new section in which the United States Congress admits that the rule of law in force over Puerto Rico constitutes a subjugation of the will of the Puerto Rican people and as such it contradicts the representation that the Government of the United States made before the people of Puerto Rico in 1952, and the General Assembly of the United Nations in 1953.

Whereas, the arguments in this document constitute the official position of the Diaspora of the Puerto Rican Independence Party. These should guide the future statements and efforts of the organization.

 

Ratified before the General Assembly of the Diaspora of the Puerto Rican Independence Party, June 17, 2021

Revised before the General Assembly of the Diaspora of the Puerto Rican Independence Party, July 28, 2021